miércoles, 27 de noviembre de 2013

Empleo público y funcionarios de carrera

Menea este post en Meneame.net
El empleo público se sitúa a niveles de 2008. Hacienda actualizó su registro de personal al servicio de las administraciones públicas, que determina el número de trabajadores que tienen en sus plantillas, 2,54 millones de empleados públicos, lo que refleja una rebaja de 88.461 empleados en un año y un ajuste del 3,4% en términos relativos (datos de julio de 2013). De este total 1,62 millones son funcionarios de carrera, de los cuales hablaremos en este artículo.

En una economía de libre mercado, revestida con un mercado de trabajo deprimido -como lo está el nuestro-, y si encima tenemos en cuenta el aumento de la presión fiscal para reducir el déficit y la alta tasa de desempleo en el sector privado; parece que los funcionarios estorban más de la cuenta, -después de todo y visto lo visto-.

En el empleo público tenemos diversas categorías de trabajadores: el funcionario de carrera, el personal laboral, el funcionario interino, el personal directivo y el personal eventual.

En el caso de los funcionarios de carrera, los privilegios respecto al resto de trabajadores por cuenta ajena son numerosos. Además, el cumplimiento de los derechos y garantías laborales, siempre resulta más sencillo, al tratar con la Administración Pública como empleadora. Se accede al funcionariado superando una oposición o concurso-oposición, y ello da derecho a la entrada a un determinado Grupo o Cuerpo, con plaza inamovible. 

El funcionario goza de derechos laborales similares a los de cualquier trabajador por cuenta ajena (aun con particularidades), pero además, también posee un conjunto de derechos funcionales como consecuencia de su especial situación dentro de la burocracia administrativa pública


Cabe destacar:
  • Derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera, que exige una justificación objetiva para una eventual destitución.
  • Derecho a desempeñar las funciones propias de la condición profesional ostentada, debiendo ser asignadas tareas coherentes con la posición y preparación del funcionario.
  • Derecho a la promoción interna acorde al mérito y la capacidad,
  • Derecho a ser informado de las tareas a realizar,
  • Derecho a colaborar en la consecución de los objetivos de su unidad administrativa,
  • Derecho a la defensa jurídica de la Administración en los procedimientos surgidos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.

La inamovilidad en el desempeño de su empleo, para quien accede a funcionario, se pierde solo cuando se cometen las infracciones previstas en el régimen disciplinario o los delitos del Código Penal. Esta inamovilidad en el empleo es un privilegio personal, que además garantiza que los funcionarios ejerzan sus tareas con imparcialidad y objetividad, es decir, en una posición de neutral al margen de los cambios políticos tras las elecciones. O dicho en otras palabras, sin miedo a ser despedidos y destituidos por el Gobierno entrante.

Esta garantía debe contrastarse con la falta de interés y de productividad de algunos funcionarios al ver que su trabajo está garantizado. De hecho, los funcionarios siempre han estado rodeados del polémico mito del "absentismo" laboral. En este sentido, el Gobierno de Rajoy aprobó una reducción salarial para aquellos funcionarios de baja por contingencias comunes.





Para realizar vuestras consultas podéis utilizar el formulario de consultas (aquí)y también podéis contratar los servicios de un abogado de tu ciudad (aquí); tenemos colaboradores en casi todos los puntos de España.

martes, 5 de noviembre de 2013

Lesiones permanentes no invalidantes

Menea este post en Meneame.net
Si pierdes la nariz, la Seguridad Social te paga una indemnización de 7940 €.

Los dedos tienen un precio menor si son de la mano izquierda, el más valioso es el pulgar, cuya pérdida se paga a 2.240 €.

Se consideran lesiones permanentes no invalidantes las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional que, sin llegar a constituir una invalidez permanente, supongan una disminución o alteración de la integridad del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo a tal efecto.

Son requisitos indispensables:
  • Estar de alta o en situación asimilada al alta.
  • Haber sido dado de alta médica por curación.
  • Que la lesión o mutilación existente esté recogida en el baremo.
Por tanto, si se dan estos requisitos, se recibe una indemnización que se satisface por una sola vez por un importe a tanto alzado según el baremo.

A modo de curiosidad, la pérdida total del pene supone una indemnización de 6.810 €, mientras la pérdida de un testículo o de un ovario son 2.840 € y de ambos 6.380 €.




Recordad que podéis realizar vuestras consultas utilizando el formulario de consultas (aquí)y que también podéis contratar los servicios de un abogado de tu ciudad (aquí); tenemos colaboradores en casi todos los puntos de España.

Más información:




lunes, 4 de noviembre de 2013

Accidente de trabajo y enfermedad profesional

Menea este post en Meneame.net
Existen dificultades para que se reconozca a un trabajador un accidente de trabajo. Esto es un problema, puesto que además de las posibles indemnizaciones económicas que puedan darse por un accidente laboral, el accidente de trabajo o una enfermedad profesional suele tener mejores prestaciones de la Seguridad Social (incapacidad temporal o invalidez) que las "contingencias comunes".

La incapacidad temporal por "contingencias profesionales" goza de una serie de ventajas frente a la incapacidad por "contingencias comunes".

1. En una incapacidad temporal por contingencias comunes el trabajador tiene derecho a cobrar una prestación que será de 0€ durante los tres primeros días, del 60% del salario bruto durante los días 4 a 20, y del 75% a partir del día 21.

En el accidente o enfermedad profesional esa prestación es del 75% desde el primer día.

Por ejemplo, para una persona que cobra unos 1.200 euros, el primer mes de enfermedad común cobraría 684 euros, y si fuese enfermedad profesional cobraría 900 euros.

2. Además, cuando despiden a un trabajador durante una baja laboral, si dicha baja es considera por contingencias profesionales (accidente o enfermedad laboral), el trabajador seguiría cobrando el subsidio por incapacidad temporal, sin consumir el paro que podrá solicitar en el plazo de 15 días desde la obtención del alta.

3. También cabe destacar la responsabilidad del empresario en caso de incapacidad permanente, cuando ésta estuviese causada por un accidente de trabajo o enfermedad laboral, y el empresario no hubiese observado las normas en materia de riesgos laborales. En estos casos el empresario puede ser condenado a pagar parte de la indemnización o de la pensión que correspondiese al trabajador.


Para que se califique como accidente de trabajo debe tratarse de una lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

Es necesario:
  • Que el trabajador sufra una lesión corporal.
  • Que ejecute una labor por cuenta ajena (por cuenta de un empresario).
  • Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo (que exista una causalidad directa entre trabajo y lesión).
Supuestos considerados como accidentes de trabajo:
  • Accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas aunque sean distintas a las habituales.
  • Accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo.
  • Accidente in itinere es el accidente que sufre un trabajador camino de ida o vuelta del trabajo, siempre que siga el itinerario habitual.
  • Accidentes en misión: aquellos que sufre un trabajador en el trayecto que tenga que realizar para el cumplimiento de una misión que le haya sido encomendada.
  • Accidentes de cargos colectivos de carácter sindical. Aquellos que sufre el trabajador en el desempeño de su cargo electivo de carácter sindical.
  • Actos de salvamento cuando tengan conexión con el trabajo.
  • Los debidos a imprudencias profesionales, debido a el desarrollo de labores cotidianas en las cuales el trabajador tiene plena confianza.
  • Accidentes derivados de la actuación de otra persona (empresario, compañero de trabajo o un tercero), siempre y cuando guarden relación con el trabajo.
No se consideran accidentes de trabajo los que deriven de:
  • Un supuesto de fuerza mayor extraña al trabajo, es decir, de un acontecimiento imprevisible o inevitable.
  • Causados de mala fe o por imprudencia temeraria por el propio trabajador.
  • Accidentes debido al dolo del trabajador accidentado.

Las enfermedades profesionales son las contraídas a consecuencia del trabajo, se encuentran incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006.

Pueden distinguirse:
  • Las enfermedades o defectos anteriores, cuando se manifiestan o agravan como consecuencia del accidente de trabajo.
  • Enfermedades intercurrentes, que constituyen complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de trabajo mismo.
  • Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, no incluidas en la lista de enfermedades profesionales.

Para realizar vuestras consultas, hacedlo utilizando el formulario de consultas (aquí). También podéis contratar los servicios de un abogado de tu ciudad (aquí); tenemos colaboradores en casi todos los puntos de España.
En este artículo podéis consultar las indemnizaciones por mutilaciones, deformaciones y lesiones permanentes.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Cómo montar una empresa en España

Menea este post en Meneame.net
Me ha parecido una buena idea hacer una explicación clara y sencilla sobre los trámites burocráticos para aquellos que quieran montar una 'empresa' (sociedad en términos técnicos), que habitualmente será Sociedad Limitada o Sociedad Anónima.

En España los trámites son demasiado lentos y costosos. Según el último informe 'Doing Busines', que publica anualmente el Banco Mundial, en nuestro país se requieren 23 días de media y unos costes de unos 1052 € (el 4,7% de la renta per cápita según el informe). Esto nos sitúa en un lamentable puesto 142 de los 189 países analizados en el informe. En otros países como la vecina Francia, los trámites serían mucho más ágiles y baratos: una semana y unos 300 euros.

El 1 de enero de 2014 entra en vigor en España un proyecto bautizado como "Emprende en 3" para intentar simplificar los trámites administrativos. A este proyecto podrán acogerse los Ayuntamientos de forma "voluntaria", por lo cual no es previsible que todos se acojan.

El Proyecto Emprende en 3, -que en términos coloquiales lo conocemos como "ventanilla única"-, posibilitará la realización de trámites de las Administraciones Públicas involucradas, en un misma y única ventanilla en el Ayuntamiento (allí podremos realizar los trámites del Registro Mercantil, así como los de Hacienda, y solicitar la licencia de apertura, si procediese. Esto no es nuevo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la simplificación de trámites (que incluye la ventanilla única) llega tarde, pues la Unión Europea viene exigiéndola desde el año 2006 (Directiva 2006/123 CE).


No obstante, como decimos, no todos los Ayuntamientos se acogerán a este proyecto, tampoco está en vigor a fecha de hoy, por tanto, en rigor, los trámites administrativos para la constitución de una Sociedad en España son los siguientes:

PRIMERO.- Debe escogerse el tipo de sociedad y su régimen fiscal. Aunque en España existen varias, el 95% serán Sociedades Anónimas o Sociedades Limitadas.

SEGUNDO.- Debe escogerse un nombre para la sociedad. A tal efecto, por vía telemática podremos enviar 5 nombres al Registro Mercantil que emitirá la certificación negativa (es decir, nos indicará qué nombre está libre y puede ser registrado). Este trámite cuesta 15 euros. No obstante, si tenemos la mala suerte de proponer 5 nombres ya escogidos, perdemos el dinero y tenemos que volver a a realizar el trámite.

TERCERO.- Hay que acudir al banco y depositar el capital inicial, que sería de 3.000 euros para Sociedades Limitadas, y de 60.000 euros para Sociedades Anónimas. El banco emitirá el correspondiente certificado con el cual nos dirigiremos al notario. Aunque existen países que no requieren de este capital inicial, la medida no puede ser considera nociva para el emprendimiento, pues este capital, es garantía para terceros acreedores y evita que la "estafa" resulte sencilla.

CUARTO.- Con el certificado del Registro Mercantil, y el certificado banco, nos dirigimos a la Notaría a hacer las escrituras, lo cual nos costará como mínimo unos 300 euros (dependiendo del capital inicial aportado). El notario tardará unos días en emitir las escrituras originales, pero podremos llevarnos una copia simple, que nos servirá para el resto de trámites.

QUINTO.- Procede ahora acudir a Hacienda con una copia simple de la escritura para solicitar el alta censal y el NIF provisional de la empresa, que no implica que el negocio esté ya constituido pero sí que nos permite empezar a trabajar como empresa emitiendo y recibiendo facturas.

SEXTO.- Una vez tengamos la escritura original, tendríamos que liquidar el Impuesto de Operaciones Societarias, que es un impuesto regional y que está exento en la mayor parte de las comunidades autónomas, aunque podría habilitarse de nuevo en cualquier momento.

SÉPTIMO.- Depositaremos la escritura en el Registro Mercantil, que nos cobraría entre 250 y 300 euros, previo depósito inicial de cien euros. Como el Registro tardaría unos diez o doce días en formalizar la escritura, podríamos ir iniciando los trámites con el Ayuntamiento.

OCTAVO.- Al Ayuntamiento le solicitaremos la licencia de apertura e inicio de actividad, cuando esta sea necesaria. Recordamos, que en la mayoría de sectores ha sido sustituida por una simple comunicación, lo cual simplifica los trámites y el tiempo de espera. Pero en otros sectores como la hostelería, sigue siendo obligatoria.

Además, este trámite podría costar unos euros dependiendo de la comunidad autónoma. En Madrid, que sería la más cara, costaría unos 350 €. Además, en sectores alimentarios, deberían solicitarse los correspodientes registros sanitarios, lo cual podría demorarse mucho tiempo, pero con la solicitud, ya podemos ir abriendo el negocio.

NOVENO.-  Procedería la legalización del libro de actas y el libro de socios, que nos costaría algo más de 30 euros más otros veinte euros por cada libro. En total unos 70 euros y un plazo de diez días por delante, si bien no es un paso que impida desarrollar la actividad normalmente.

DÉCIMO.-  El último paso sería recoger la escritura del registro y volver a Hacienda a solicitar el NIF definitivo y a dar de alta la sociedad en el Impuesto de Sociedades. Finalizado este trámite, la constitución de la sociedad quedaría conclusa. Sin perjuicio de que posteriormente queramos contratar a algunos trabajadores, para lo cual, comenzaríamos los trámites con la Seguridad Social.



 

Laboroteca.com con vosotros desde Diciembre 2012 - | - Aviso Legal