miércoles, 27 de abril de 2016

Ausencia de pruebas en el despido disciplinario

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El empresario tiene la posibilidad realizar despidos disciplinarios y echar a trabajadores sin pagarles ni un euro de indemnización, siempre que éstos hayan cometido una falta que sea considerada “muy grave”. Es el llamado despido disciplinario.

En caso de despido, la carga de la prueba recae sobre el empresario. Es decir, el trabajador no tiene que demostrar su inocencia, pues compete al empresario demostrar que son ciertos los hechos o las causas que motivan el despido del trabajador. Y sobre este difícil menester va a versar la continuación del presente artículo.

En ocasiones ocurre que el empresario no tiene pruebas sobre la infracción del trabajador, o sus pruebas son insuficientes para realizar el despido disciplinario, por tanto éste será declarado improcedente y se condenará a la empresa al pago de la indemnización máxima por despido.

En otras ocasiones, ocurre que el empresario quiere amortizar un puesto de trabajo y se sirve de un despido con falsa justificación, es decir, inventando e imputando al trabajador unos hechos que no ha cometido. En estos casos, el trabajador recibe una carta de despido con una grave imputación (falsa) que comporta su despido, y atónito, pide explicaciones al empresario, que suele responder "es por poner algo, ya sabemos que no has hecho nada malo". Tal vez una mejor solución fuese realizar un despido con causa objetiva (por ejemplo, pérdidas económicas, que no involucran al trabajador en una falsa imputación).

Esto último da lugar a una importante reflexión. Si el empresario tiene a su abasto la posibilidad de inventarse una causa de despido, y deshacerse del trabajador: ¿El despido en España es libre? Bien, en términos teóricos debe afirmarse que el despido en España no es libre, sino causal, es decir, el empresario debe realizar despidos en base a los hechos o causas que estipula el Estatuto de los trabajadores (arts. 52 y 54) y los Convenios colectivos de aplicación. Sin embargo, en términos prácticos podemos decir que el despido en España es libre, pues el empresario puede inventarse unos hechos o una causa, o realizar un despido tácito (sin alegar causa) siempre que esté dispuesto a pagar la indemnización al trabajador (y siempre que el trabajador se la reclame mediante el procedimiento legal). Y esta realidad, convierte el despido causal (que obedece a una causa) en despido libre (que no tiene causa real).

Estos abusos son posibles gracias a la Reforma Laboral de 2012 que eliminó la condena del empresario a pagar los salarios de tramitación en caso de despido improcedente (los salarios de tramitación son aquellos dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia), y en consecuencia, poco importa al empresario perder el juicio, porque terminará pagando la misma indemnización (sin abonar intereses ni ninguna otra cantidad al trabajador), y por tanto, solo aceptará acuerdos extrajudiciales que le repercutan un ahorro.

Seguro que muchos trabajadores se han encontrado alguna vez con un despido injusto de las características relatadas. Impugnar el despido y luchar por la improcedencia, es de sobra viable en la mayoría de casos.

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Ausencia de pruebas que justifiquen el despido

El artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores es tajante en ese sentido, dice así: "El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1 de este artículo".

Por tanto, se exige a la empresa la aportación de las pruebas para acreditar los hechos por los cuales se despide al trabajador. Además dichas pruebas deben ser suficiente, no sean indiciarias ni meras sospechas de la conducta del trabajador, es decir, no es admisible alegar que un comercial ha “disminuido su rendimiento intencionadamente”, justificándolo con un descenso de las ventas cuando este hecho está sujeto a otras variables como la demanda del producto, la crisis económica, la existencia de productos más modernos o innovadores, la existencia de mejores ofertas del mismo producto en la competencia, etc.

Ante la ausencia de pruebas por parte de la empresa, el trabajador no tiene más que alegar la improcedencia del despido, sin entrar a debatir demasiado sobre el fondo del asunto.


¿Qué pruebas puede obtener el empresario para despedir al trabajador?
El empresario puede valerse de muchos medios de prueba para avalar el despido. Cosa distinta es que la prueba sea suficiente, pertinente y legal, lo cual es objeto de un análisis mucho más profundo.

Al margen de los medios de prueba tradicionales, como testigos, documentos, etc., seguidamente me gustaría citar algunos medios de prueba más particulares.

Por ejemplo, cabe la posibilidad de realizar investigaciones privadas sobre el trabajador, para lo cual la empresa suele valerse detectives privados. La prueba del detective privado es admitida en los Juzgados, pero no por ello es siempre suficiente.

El empresario también tiene la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en los puestos de trabajo, para acreditar incumplimientos por parte del trabajador, que pueden motivar el despido. No obstante, para la instalación de dichas cámaras deben cumplirse todas las exigencias legales, la más importante, es avisar a los trabajadores.

En relación a las grabaciones ocultas de imagen o sonido del mismo modo que el trabajador, el empresario también tiene permitido aportarla en un juicio, siempre que sea interlocutor en la conversación grabada (no se pueden grabar conversaciones ajenas).

Para el uso de equipos informáticos el empresario puede emitir una comunicación interna a los trabajadores prohibiéndoles entrar a las redes sociales y utilizar los ordenadores para fines propios. Si el trabajador incumple esta orden empresarial, más aun tratándose de patrimonio del empresario, éste podrá despedirlo por la vía disciplinaria, pero antes tendrá que solicitar una auditoria informática que demuestre con valor pericial que el trabajador ha hecho un uso indebido del equipo informático.

Y de esta forma podríamos citar muchos otros ejemplos, puesto que se admite cualquier tipo de prueba, siempre que haya sido obtenida lícitamente y no contravenga ningún derecho de interés superior.

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