sábado, 26 de diciembre de 2015

Cámaras ocultas en el trabajo

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En este blog, con carácter general, hemos defendido la ilegalidad de las cámaras ocultas en el centro trabajo, colocadas por el empresario para el control de sus trabajadores, siempre que se instalen sin una previa comunicación a los trabajadores y a sus representantes (delegados o comité) sobre su existencia y finalidad, puesto que en la mayoría de ocasiones vulneran el derecho fundamental a la intimidad del trabajador. Sin embargo, quiero exponer un caso que actúa como excepción a la regla general, al menos, así lo ha entendido un Juzgado de lo Social de Castellón. Para ser más purista, debo concretar que no se trata de una excepción a la regla general, sino que la concurrencia de determinadas circunstancias logró convencer al Juzgado, que no se había vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del trabajador.

La empresa demandada (que empleaba a las trabajadoras demandantes, por despedido), tenía un contrato en virtud del cual cubría el servicio de limpieza de una Residencia. El Director de dicha Residencia cayó en la cuenta que faltaban alimentos´del comedor, y decidió instalar unas cámaras de vigilancia para descubrir al responsable. Y así sucedió, puesto que fueron grabadas dos trabajadoras de la Empresa de limpieza. Tras comunicarlo el Director de la Residencia a la Empresa de limpieza, las trabajadoras fueron despedidas por la misma.

Ante este panorama, la abogada de las trabajadoras solicitó la nulidad del despido, alegando vulneración del derecho fundamental a la intimidad de las trabajadoras y la limitación del uso de la tecnología para garantizar el citado derecho constitucional. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Castellón entendió que no se había vulnerado el derecho a la intimidad de las trabajadoras, y por tanto, el despido fue declarado procedente.

En este artículo, explicaré cómo argumentó el Juzgado la licitud de esta prueba, que fue esencial a la hora de declarar el despido procedente, y privar a las trabajadoras de sus derechos (readmisión o indemnización por despido improcedente).

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Análisis de la sentencia
Como hemos dicho, la abogada de las trabajadoras despedidas, alegó vulneración del derecho a la intimidad de las trabajadoras, que fundamentó porque en ningún momento las trabajadoras ni el comité de empresa, fueron informadas -ni por la empresa ni por la Residencia- de la instalación y utilización de cámaras en el centro de trabajo, ni su finalidad para controlar a las trabajadoras-.

Además, consideró la abogada de las trabajadoras, que la imagen grabada por las cámaras que en este caso, no cumplían con la normativa correspondiente, es un "dato personal" que ha sido usado por la empresa de forma ilegítima, y por tanto, al no haberse respetado las normas sobre tratamiento de datos personales, también se ha vulnerado el derecho fundamental del art. 18.4 de la Constitución.

En efecto, parecía obvia la vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal, más aún cuando el Director de la Residencia admitió que instaló las cámaras sin advertir previamente a las trabajadoras ni al comité de empresa y sin respetar la normativa protectora de los datos personales.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Castellón desestimó la demanda de las trabajadoras, admitió las grabaciones como prueba, declarando probado el despido, y absolviendo a la empresa de todas las peticiones contenidas en la demanda.

En el caso concreto que planteamos en el presente artículo, nos encontramos con una relación trilateral que debe ser analizada. El Director de la Residencia advirtió que estaban desapareciendo alimentos, y por ello decidió instalar unas cámaras, para averiguar quién era el responsable. Cabe destacar que el Director de la Residencia no ejercía el papel de empresario en relación con las trabajadoras despedidas, sino que era una empresa externa contratada por el Centro para cubrir el servicio de limpieza. Por tanto, no tenía ninguna obligación de advertir a las trabajadoras de la Empresa del servicio de limpieza. Y la Empresa del servicio de limpieza, que sí mantenía una relación laboral con las trabajadoras, difícilmente pudo comunicarles la instalación de esas cámaras, puesto que no conocía su existencia.

Además, el Ministerio Fiscal, que intervino en el juicio, argumentó que las cámaras no estaban colocadas en los puestos de trabajo de las trabajadoras demandantes, sino que enfocaban directamente a los lugares de donde se sustraían los alimentos, y que dichos lugares no eran de libre acceso para las trabajadoras despedidas (que no tenían nada que ver con el comedor, sino que eran trabajadoras del servicio de limpieza). Según el Ministerio Fiscal, los únicos trabajadores que podían protestar por la existencia de esas cámaras son el cocinero y el pinche, puesto que se está grabando su puesto de trabajo, y en el presente caso, éstos estaban informados, siendo los primeros interesados en que no faltasen alimentos para procurar la buena marcha de su trabajo.

El Juzgado de lo Social de Castellón ha argumentado que el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que se utilicen medios proporcionales en relación al fin perseguido. En concreto, para evaluar la adecuación de la medida empresarial, hay que analizar tres requisitos o condiciones:

- Que la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
- Que no existe una medida más moderada para la consecución del propósito.
- Que la medida sea equilibrada.

En análisis de todo ello, el Juzgado de Castellón ha concluido que el presente caso la prueba propuesta consistente en la grabación de cámaras ocultas, no ha vulnerado ningún derecho fundamental y que además, no había ninguna medida más moderada para averiguar quién era el responsable de la desaparición de los alimentos, por tanto, la prueba fue admitida para su práctica y fue esencial para demostrar que las autoras del hurto eran las trabajadoras de la limpieza, lo cual fundamentó su despido disciplinario, avalado por el Juzgado de lo Social de Castellón, y las trabajadora ni fueron readmitidas, ni se les abonó indemnización por despido improcedente.

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