martes, 4 de agosto de 2015

Indemnización por delito contra los trabajadores

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El empresario puede incurrir en algunos hechos (conductas u omisiones ilegales) que impliquen la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores. 

Un ejemplo de este tipo de delitos es el delito contra la seguridad en el trabajo, como puede ser el caso de la lesión o el fallecimiento de un operario, ocasionado por un accidente de trabajo, debido a la falta de medidas de seguridad en la empresa, cuando estaba obligada a facilitar los medios al trabajador. (En este caso podrían ser responsables directos no solo la empresa, sino también otros sujetos a los cuales debería investigarse, por ejemplo el director de recursos humanos, el jefe de seguridad o incluso el de algunos administradores de la empresa).

Lo casos delictivos no solo se reducen a la falta de medidas de prevención de riesgos en el trabajo, sino que existen de otros tipos como un delito por discriminación laboral, algún caso grave de mobbing, etc.


Reparación de daños. Indemnización económica
Obviamente, la víctima del delito sufre unos daños o perjuicios que deben ser resarcidos. En estas situaciones puede derivarse una responsabilidad civil, que se convierte en una indemnización en favor del trabajador víctima del delito, y que tiene el objetivo de resarcir y reparar el daño o perjuicio causado por la comisión de tan graves hechos.

Para que exista un daño resarcible económicamente, es necesario que exista condena penal -salvo contadas ocasiones-.

La indemnización civil debe compensar económicamente estos extremos:
1. La restitución.
2. La reparación del daño.
3. La indemnización por los daños causados.

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Responsables del daño
También es posible que tengan responsabilidad civil las compañías aseguradoras (especialmente cuando se trata de accidentes de trabajo), los empleados o altos cargos autores responsables del delito, el empleador, etc.

Veamos un ejemplo; en el siguiente enlace podemos apreciar una Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condena a un Consejero Delegado (absuelve a otro) por un delito contra la seguridad en el trabajo a dos años de prisión e inhabilitación para cargo público durante ese tiempo, así como a la indemnización de 188.417,41.-€ a la compañía aseguradora y subsidiariamente a dos empresas (sociedades anónimas).

La citada sentencia expone un accidente de trabajo, sufrido por un operario cuyo brazo quedó atrapado en una máquina que estaba limpiando, orginándole una importante lesión en el brazo que precisó un largo tratamiento para su curación.

En este caso, la Audiencia Provincial estima que debe resarcirse económicamente el daño causado a un inocente que no tiene culpa alguna en el delito cometido, del cual existe un responsable penal y varios responsables civiles.

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