miércoles, 31 de diciembre de 2014

Comentario sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2015

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En este artículo de opinión crítica, quiero exponer una idea esencial, que ya he mencionado en anteriores ocasiones y que ahora aprovecho para denunciar de nuevo con ocasión de la nueva actualización anual del Salario Mínimo Interprofesional, SMI en adelante.

Trabajamos en un mercado laboral que solo puede garantizar al trabajador un Salario Mínimo de 648,60 € y debemos evaluar qué nivel de vida garantiza este salario al trabajador y especialmente analizar el argumento "no se puede más". 

Es cierto que la mayoría de los trabajadores se acogen al nivel salarial de su Convenio Colectivo y cobran más del SMI, (aunque no mucho más). El Salario Mínimo Interprofesional condiciona los niveles salariales recogidos en los Convenio Colectivos que marcan los mínimos profesionales según el sector económico y la categoría profesional del trabajador, es decir, si el SMI fuese de 900 €, ningún Convenio recogería un salario menor. Además, el SMI incide en otras situaciones de la vida del trabajador, por ejemplo marca el límite de los embargos (salario mínimo inembargable) o las cantidades de las que se responsabiliza FOGASA en caso de insolvencia empresarial.

Por todo ello, la importancia del SMI es esencial en el bienestar del trabajador, y en este artículo vamos a analizar estas ideas desde un punto de vista crítico.


El peso de los derechos fundamentales
Todo el mundo conoce la existencia del derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y las de la familia. Debemos preguntarnos cuál es la importancia de los derechos fundamentales que nos están garantizados constitucionalmente, y si éstos son realmente efectivos y tangibles en la vida del trabajador.

El derecho a un trabajo y una retribución digna es una cuestión de bienestar social. ¿No es acaso el objetivo primordial de un Gobierno democrático? Por ese motivo el citado derecho se recoge en textos de rango tan importante como la Carta Social Europea, la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Debemos preguntarnos cómo se traduce en números "la remuneración digna". El primer paso es determinar cuál es el salario medio de los españoles, no tenemos aun datos de 2014, pero en 2013 fue de 1.869,10 € brutos mensuales (14 pagas). Teniendo en cuenta que el Comité Europeo de Derechos Sociales exige que el SMI debería equivaler al 60% del salario medio español, el resultado es un Salario Mínimo de 1.121,46 €.

En este tipo de procesos en los que el Gobierno se junta con los Agentes sociales y la Patronal, los grandes perdedores son los Sindicatos mayoritarios, cuyas "exigencias" aparecen en los periódicos, pero que finalmente siempre quedan en agua de borrajas. Exigen ahora un SMI de 725 € para 2016, y de 800 € para 2017, sin embargo, -a pesar de que el Gobierno se pasa constantemente sus exigencias por el arco del triunfo-, no se les ha ocurrido interponer una demanda contra el Real Decreto de actualización del SMI por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores a quiénes dicen representar.

No es utopía, son derechos fundamentales vulnerados. Cada año que pasa estamos destruyendo un pedazo del famoso principio de la Declaración de Filadelfia de 1944 "el trabajo no es una mercancía". El trabajo no es una mercancía y no puede rebajar los estándares de calidad y bienestar aunque ello fuese favorable para la situación macroeconómica.

Los trabajadores no tienen interés en "sobrevivir", tienen interés en "vivir bien", en condiciones de bienestar, con la cobertura mínima garantizada (transporte, vestido, alimentación, vivienda, suministros, educación, etc). Al disfrute de las libertades mínimas hay que echarle billetes, sin dinero, esas libertades no se pueden disfrutar, y por tanto, el bienestar no existe en esos casos.


El argumento de "no se puede más"
¿Hasta que punto a las empresas y a los gobiernos les interesa que existan trabajadores pobres? Henry Ford, considerado uno de los promotores de la clase media americana, por la fabricación de su modelo de automóvil Ford T, que estaba al alcance de la mayoría de americanos, dijo que mejoraría los salarios de sus trabajadores para que pudiesen comprar los vehículos que fabricaban.

En cambio, la situación no podía ser más diferente ahora. A causa de la globalización, que permite fácilmente las comunicaciones y el transporte de mercancías, la mano de obra actual compite a nivel mundial, lo cual abarata su coste. 

Esto conlleva la existencia de trabajadores retribuidos que se encuentran en la pobreza o exclusión social, que finalmente se convierte en un 20% de la población que no consume porque no tiene. Deberá entonces el Gobierno destinar los recursos que actualmente no destina, a que esta quinta parte de la población consiga salir del umbral de pobreza, reinsertarse en el mercado laboral y reactivar la economía.

En este sentido, hay muchos aspectos reprochables al Gobierno, comenzando en tapar el desagüe por donde se escapa el dinero: la corrupción, el fraude y la ingeniería fiscal de las multinacionales y el derroche público en obras faraónicas sin empleo ni beneficio. Un malgasto de recursos económicos que podrían servir para mejorar algunos aspectos esenciales con incidencia en la economía, como la inversión en Cooperación y Desarrollo (494M€ para 2014, acumulando una caída del 70% en los últimos 5 años), potenciar los sectores económicos en el sentido de mejorar el producto o servicio y darle salida, o en mejorar el sistema de inserción laboral y los cursos de formación que según las informaciones aparecidas, son un auténtico fiasco.

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