domingo, 9 de noviembre de 2014

"Arreglar los papeles del paro" o cobro de prestaciones indebidas

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Existen una serie de situaciones que sitúan a un trabajador en la denominada situación legal de desempleo. Para acceder a la prestación por desempleo (paro) es necesario estar en alguna de las diferentes situaciones legales de desempleo; que son exactamente las que recoge el art. 208 de la Ley General de la Seguridad Social. Entre ellas se encuentran, como es obvio, el despido, en cualquiera de sus modalidades, ya sea objetivo, disciplinario o incluso la rescisión indemnizada por voluntad del trabajador ante un incumplimiento grave del empresario.

Sin embargo, en algunas ocasiones el empresario intenta hacerle un favor al trabajador, facilitándole un despido disciplinario a cambio de que el trabajador renuncie a la indemnización por despido, y no interponga demanda, y de esta forma, el trabajador puede beneficiarse de la prestación por desempleo. Esto es una obtención fraudulenta de la prestación por desempleo, y en este artículo vamos a explicar en qué consiste, cómo puede descubrirlo el SEPE o la Inspección, y cuáles son las consecuencias de esa conducta.

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¿En qué consiste exactamente este fraude?
Cabe destacar que no todo "despido acordado" supone un fraude contra la Seguridad Social, sino sólo el que se basa en la libre voluntad del trabajador (por ejemplo, porque quiere montar un negocio y capitalizar el paro). Utilizar un despido en esa situación es un falseamiento para cobrar el paro indebidamente, pues debe recordarse que la baja voluntaria del trabajador en la empresa no da derecho a paro; que no haya sido el trabajador quien ha instado la baja voluntaria mediante una demanda judicial por incumplimiento del empresario.

Sin embargo, los despidos a instancia de la empresa, es decir, los promovidos unilateralmente por la empresa sin que su voluntad esté viciada, son perfectamente legales.

La infracción en cuestión, tal y como la recoge la LISOS, es la siguiente: El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.

Sin embargo, este artículo genérico no es demasiado conciso con el tema que estamos exponiendo, y para dejarlo más claro, resulta de especial interés reproducir esta sentencia del TSJ de Madrid que trata sobre un fraude del tipo que estamos estudiando en este artículo, consistente en el acuerdo entre la empresa y el trabajador; para formalizar una situación con apariencia legal de un despido disciplinario reconocido como procedente por el trabajador, sin indemnización por despido ni posibilidad de reclamación ante el juzgado de lo social a pesar de su antigüedad en la empresa, con el objetivo de constituir al trabajador en situación legal de desempleo para la obtención de las correspondientes prestaciones.


Investigaciones del Inspector actuante
Realmente, resulta muy complicado obtener pruebas directas que demuestren que un despido encubre un fraude para cobrar indebidamente el paro, porque obviamente, el fraude no se externaliza, sino que queda en el foro interno de quienes lo practican. Por tanto, los inspectores actuantes deben basarse en indicios. Ocurre que en ocasiones se pueden confundir los indicios con las sospechas. El indicio está definido por el Tribunal Constitucional, que más o menos viene a decir, que es el silogismo, basado en conductas que no dejan lugar a dudas sobre "en nuestro caso, defraudar".

El SEPE y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, podrán localizar el fraude cuando observen que un trabajador con cierta antigüedad no ha reclamado su indemnización, y debido a su antigüedad en la empresa, podría tratarse de una indemnización importante.

No obstante, la renuncia por sí sola no será la prueba definitiva del fraude, pero sí que dará vía libre a la Inspección para investigar. Serán otros indicios que apunten hacia el fraude los que harán concluir al Inspector del trabajo que existió acuerdo fraudulento entre la empresa y el trabajador. Por ejemplo que (habiendo renunciado a la indemnización por despido de su antigua empresa) el trabajador haya solicitado la capitalización del paro para montar un negocio o que capitalice el paro y entre a trabajar en una nueva empresa al poco tiempo.

El debate sería si estos indicios son suficientes o no, en la sentencia que hemos expuesto del TSJ Madrid, sí que lo fueron.


Las consecuencias del fraude
Tras esta premisa, cabe diferenciar las consecuencias de esta conducta que recaen sobre el trabajador de las que recaen sobre la empresa. En cuanto a las consecuencias sobre el trabajador ser verá obligado a devolver las cantidades cobradas indebidamente con el correspondiente recargo. Ante ello, el trabajador puede optar por:
- Recurrir la resolución que le obliga a devolver el dinero.
- Devolver el dinero sin oponerse.
- Solicitar un fraccionamiento para devolver el dinero a plazos.
- En caso de no optar por ninguna de las anteriores, se le puede apremiar (embargar), o se le puede compensar la deuda con futuras prestaciones por desempleo.

En cuando a las consecuencias sobre la empresa la sentencia que hemos examinado anteriormente, la popular compañía aseguradora fue condenada al pago de una multa de 3.005,07 € y a la accesoria de pérdida de las bonificaciones, ayudas, y beneficios en general. Además, la empresa fue condenada solidariamente junto con el trabajador, a devolver las prestaciones por desempleo cobradas indebidamente.

Realmente esa es la sanción mínima, ya que se trata del fraude de un sólo trabajador. Dicha sanción podrá variar dependiendo de la graduación que le dé el Inspector actuante, hasta la sanción máxima establecida en la Ley que son 90.151,82 €.

Cuando la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social dicta una resolución, el interesado puede interponer recurso ante la Dirección General de Trabajo de su provincia. En caso de que esta también resulte desestimada, podrá interponerse un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo, sin embargo, la sanción y la accesoria serán ejecutivas, por tanto, deben cumplirse antes de la sentencia del Juzgado, so advertencia en caso de no hacerlo, de ser embargados con las consecuencias económicas que conlleva la Diligencia de embargo.


Delito Penal por el cobro de prestaciones indebidas
Existe una doble regulación, y cuando la obtención de prestaciones de forma fraudulenta sea de mayor entidad, podrá constituir un delito, recogido en el art. 307 ter del Código Penal, que señala penas de 6 meses a 3 años de prisión, o de 2 años a 6 años cuando las prestaciones recibidas sean superiores a 50.000 €. Sin embargo, al existir una doble regulación, las sanciones penales estarían reservadas especialmente para fraudes de mayor gravedad, como la creación de empresas fraudulentas para cobrar prestaciones, simulación de relaciones laborales con idéntico propósito, etc.


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