sábado, 25 de octubre de 2014

Las costas del proceso laboral

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Uno de los temas que más preocupan a los justiciables que pretenden hacer valer sus derechos ante la Justicia, son los gastos adicionales del proceso judicial, -como la condena en costas-. La condena en costas es el abono de los gastos de la otra parte (abogado, procurador, etc), que se le impone al perdedor del juicio, que si bien es especialmente relevante en materia civil, no debe ser motivo de preocupación en la jurisdicción laboral, ya que en los Juzgados Sociales suele primar la gratuidad, por lo menos para el trabajador, prácticamente en todo caso, en primera instancia, tal y como explicaremos en el presente artículo.

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En el proceso laboral, y en lo que se refiere a Primera Instancia (no recursos) por regla general no hay condena en costas, por tanto, cada uno se paga sus gastos judiciales (suele ser abogado y algún perito tal vez) y aquí paz y después gloria. Por el momento, en primera instancia tampoco se pagan tasas judiciales, de modo que el procedimiento le sale casi gratis al trabajador.

No obstante hay que poner de relieve ciertos matices, especialmente en contra de la empresa o parte demandada. Si nos fijamos en el artículo 66 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) dice en síntesis, que cuando el demandado (refiriéndose al empleador), estando debidamente citado para el Acto de Conciliación SMAC, no compareciese sin causa justificada, se le podrán imponer las costas del proceso hasta un tope de 600 €, si la sentencia que en su día se dicte coincidiese esencialmente con las peticiones solicitadas en el SMAC.

Si nos desplazamos al art. 97 de la misma LRJS, también podemos observar como se pueden imponer las costas del proceso al litigante que obró de mala fe o con temeridad (ahora ya no refiriéndose a ambas partes y no exclusivamente a la empresa).

Sin embargo, la realidad práctica varía y puede observarse como en el primer juicio no se condena en costas prácticamente nunca, ni a la empresa, ni al trabajador.


Condena en costas en los recursos
Sin embargo, esta gratuidad que prima en el primer juicio del proceso laboral, no rige para los posteriores recursos de suplicación (TSJ) o casación (TS), así como tampoco para la fase de ejecución, como expondremos a continuación, y en estas instancias, se tornan las reglas del juego, y se condena en costas a la empresa vencida.

Así pues, se imponen las costas a la empresa recurrente, con un límite de 1.200 € en el recurso de suplicación y 1.800 € en el recurso de casación.


Condena en costas por la ejecución
Cuando a pesar de haberse dictado una sentencia judicial que ha adquirido firmeza, o un acuerdo con fuerza de título ejecutivo (por ejemplo el del SMAC u el homologado), y siendo que la parte obligada a cumplir dicha sentencia no lo hace, el perjudicado por dicho incumplimiento podrá instar la ejecución de la sentencia o el título ejecutivo (embargo y subasta pública si es necesario), y el ejecutado tendrá que abonar los intereses de demora y las costas judiciales.

Esas costas judiciales se calcularán sobre el 10% de la cantidad dineraria ejecutada, sin contar los intereses de demora, es decir, solo la cantidad principal. (arts. 239 y 251 LRJS)


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