lunes, 11 de agosto de 2014

Regulación de las prácticas universitarias

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Los universitarios hacen uso de las prácticas de forma voluntaria u obligatoria, para complementar sus estudios teóricos y adquirir una mejor aptitud profesional y formación práctica para entrar a trabajar en el mercado laboral.

En este artículo aprenderás lo relativo a la regulación y los derechos para las prácticas académicas externas.

Recientemente el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 592/2014, que deroga la anterior normativa datada en 1981, regula el régimen de esta prácticas formativas. Tampoco debe tenerse en cuenta el anterior Real Decreto 1707/2011, dado que el Tribunal Supremo lo anuló por defectos formales.

Para la realización de las prácticas, las universidades firman Convenios de Cooperación Educativa con las empresas (u otras entidades colaboradoras) ofertantes de este tipo de trabajo, asimilándolo al régimen de trabajadores por cuenta ajena. 

Este tipo de prácticas pueden ser curriculares, cuando el propio Plan de estudios de la titulación académica prevé un periodo de integración en el mercado laboral, obligatorio para todos los estudiantes y sin la cual estos no pueden completar su titulación académica. O extracurriculares, cuando se realizan de forma voluntaria por el alumno, para mejorar su formación práctica y facilitar su integración en el mercado laboral, pero el Plan de estudios o el Programa de la titulación no lo prevé como requisito obligatorio para obtener la titulación.


La relación del estudiante con la empresa y la universidad
Durante su estancia en prácticas el alumno tendrá dos tutores, uno de la universidad y otro de la empresa, que pilotarán y controlarán su actividad laboral durante todo el proceso. En el caso del tutor de la empresa, con quien el alumno mantendrá una relación más estrecha, le orientará y supervisará durante el desarrollo de sus actividades, y le prestará la ayuda necesaria en una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.

De la realización de las prácticas no dimana una relación laboral, y por lo tanto, el alumno no estará sometido a las obligaciones propias de una relación laboral. Tampoco podrá la empresa utilizar a estudiantes en prácticas para sustituir o complementar puestos de trabajo (aunque en la práctica sea un hecho de lo más normal). De hecho, es un requisito esencial para la realización de las prácticas que el alumno no mantenga ninguna relación contractual con la empresa, e incluso con la universidad.

Los horarios de realización de las prácticas, tal y como indica el art. 5 del Real Decreto 592/2014, debe ser compatible con las obligaciones académicas del estudiante.


Informes, memoria final y evaluación de las prácticas
El tutor de la empresa o la entidad colaboradora deberá realizar informes intermedios y un informe final que remitirá al tutor académico, en el que abordará ciertos aspectos de su relación con el alumno, entre otros recogidos en el art. 13 del Real Decreto, a destacar: la capacidad técnica, la capacidad de aprendizaje, las habilidades de comunicación oral y escrita del alumno, las relaciones con su entorno laboral, la puntualidad, etc.

El alumno deberá elaborar una memoria final que entregará también al tutor de la empresa, donde consignará una descripción detallada de las labores realizadas en la empresa, una relación de los problemas planteados y su resolución, y para finalizar, su valoración de las prácticas en comparación con los conocimientos adquiridos en la universidad. 

Con ello, el tutor de la universidad evaluará el resultado de las prácticas atendiendo a los criterios de la universidad.


Oferta, difusión y adjudicación. La garantía de calidad de las prácticas externas
Todas estas funciones son competencia de la universidad, a pesar de que en la práctica se incentiva al alumno a buscar su propia empresa dado que desde la crisis económica, ha disminuido la oferta de las empresas en relación a este tipo de prácticas.


Obligación de cotizar a la Seguridad Social
La cotización a la Seguridad Social por este tipo de relaciones académico-laborales, es un extremo que produce problemas desde hace años, puesto que existe debate sobre si la universidad y el alumno debían cotizar a la Seguridad Social, siempre que el alumno obtuviese una contraprestación económica de las prácticas, por pequeña que fuese.

El anulado Real Decreto 1707/2011, preveía la exclusión en el ámbito de la Seguridad Social de los alumnos en prácticas académicas. No obstante, este Real Decreto, como venimos diciendo, fue declarado nulo por el Tribunal Supremo.

Por ello, y dado que no hay más menciones legales al respecto, tenemos que acogernos al Real Decreto 1493/2011, que estable la cotización en este tipo de prácticas formativas, que se llevará a cabo teniendo en cuenta lo dispuesto para contratos de formación y aprendizaje en relación a las contingencias comunes y profesionales, sin embargo, las prácticas académicas gozarán de la exención de cotizar por desempleo, FOGASA y formación profesional.

Fuente: Web Seguridad Social

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