lunes, 11 de agosto de 2014

Cámaras de vigilancia y el derecho a la intimidad del trabajador

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Ya habíamos hablado en otras ocasiones sobre el poder de vigilancia y control que tiene el empresario sobre los trabajadores, para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones laborales -también los incumplimientos- y su derecho a proteger el patrimonio empresarial y evitar que los trabajadores transgredan la buena fe contractual.

Para colocar cámaras de vigilancia (micrófonos o cualquier otro artilugio tecnológico de vigilancia) el empresario debe respetar el derecho a la intimidad de los trabajadores. Así pues, malas prácticas como las cámaras o micrófonos ocultos en el trabajo son una práctica totalmente prohibida, porque vulneran el derecho fundamental del trabajador a guardar su intimidad, y por tanto, además de la propia lesión, un despido justificado con pruebas de este tipo sería radicalmente nulo, y debería readmitirse al trabajador con abono de los salarios dejados de percibir.

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Es cierto que pocos empresarios (y sus abogados) son tan memos como para realizar un despido nulo con cámaras ocultas, pero también es cierto que muchos despidos son declarados contra todo pronóstico nulos por estar contaminados. Los abogados tendemos a analizar todas las situaciones con lupa, y en ocasiones a empequeñecer los asuntos como si fuesen matrioskas, -así se ganan los juicios-. Y si los abogados lo hacemos, aún lo hacen más los jueces y magistrados. 

En esta ocasión quiero resumir una sentencia que resulta ciertamente interesante y conflictiva, sobre una cajera de Supermercados Champion, cuyo despido fue declarado nulo y ratificado por el Tribunal Supremo, al haber vulnerado la empresa el derecho a la intimidad de la trabajadora mediante el uso de la tecnología.

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Los hechos
El supermercado tenía varias videocámaras de vigilancia instaladas para evitar los hurtos y los robos por parte de los clientes. Una de esas cámaras enfocaba a la caja donde trabajaba la cajera despedida. 

El motivo del despido fue que la cámara capto a la cajera evitando en escaneado de varios productos en favor de su pareja, "una botella de Vodka, una botella de alcohol, cinco latas de bebida energética así como varios productos de alimentación".

La representante de los trabajadores preguntó al responsable del local en 2008 -año de a instalación del sistema de videovigilancia-, si este tenía como finalidad la vigilancia de la actividad laboral, a lo que el responsable contestó que no, afirmando que se trataba de un sistema para evitar hurtos de terceros.


Los fundamentos que justifican la nulidad del despido
Se consideró por los diversos tribunales que conocieron de la demanda y sus posteriores recursos, que la empresa había vulnerado los derechos fundamentales de la trabajadora, puesto que no se le había facilitado información previa sobre el destino de las cámaras, y que ésta tenía derecho a conocer los usos y finalidades del sistema de vigilancia con anterioridad.

La prueba fue declarada ilícita sin importar que las cámaras estuviesen a vista de todos, que además se hubiese anunciado su instalación y la creación de un fichero de protección de datos. La trabajadora tenía derecho a conocer de forma previa, clara, precisa e inequívoca, la finalidad del control de la actividad laboral. La empresa debió concretar el alcance del uso de las cámaras, especialmente si iban a ser usadas con fines disciplinarios; para imponer sanciones o incluso motivar el despido.

Además la empresa debió informar al Comité de empresa o al Delegado de personal del uso y finalidades que, -aún temporales-, iba a tener el citado sistema de vigilancia, ya que los representantes de los trabajadores tienen derecho a ser informados sobre todo lo relativo a la organización del trabajo. (art. 65.4 ET).


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Para quien quiera conocer más sobre la regulación legal del uso de videocámaras, aconsejo leer este documento.


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