viernes, 11 de julio de 2014

Inversión de la carga de la prueba laboral

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Por regla general, corresponde al trabajador que demanda a la empresa probar que los hechos que alega contra la misma son ciertos. Además este principio no solamente rige en materia laboral, sino que también lo hace en otras ramas del derecho, pensemos en el famoso principio de la presunción de inocencia en materia penal o en materia administrativa, que exime al presunto culpable de cometer una falta, delito o infracción administrativa de probar su inocencia.

No obstante, como toda regla general existen excepciones en materia laboral que eximen al demandante de probar que la empresa es culpable de un hecho.

La prueba en casos de discriminación laboral y accidentes de trabajo
El primer ejemplo claro lo encontramos en la Ley Reguladora del Orden Social, que en su artículo 96 invierte la carga de la prueba en casos de discriminación y accidentes de trabajo. 

De este modo en los casos de discriminación por sexo, raza, orientación sexual, o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales, como podría ser el mobbing, el trabajador debe aportar un indicio de prueba, y con ello, el juez debe decidir si es suficiente para invertir la carga de la prueba y obligar a la empresa a demostrar que sus decisiones o medidas no están fundadas en la discriminación. (ver un caso real).

Lo mismo ocurre en los accidentes de trabajo, cuando corresponde a la empresa probar que adoptó las medidas de seguridad suficientes para evitar el peligro o el daño. En este sentido, no podrá exonerar la culpa de la empresa la actuación del trabajador, siempre no sea temeraria y esté basada en confianza que generaba el normal desarrollo de su puesto de trabajo (por ejemplo, trabajar sin gafas protectoras).

Supuestos de prueba difícil
Las anteriores, del art. 96 LRJS no son la única excepción a la regla general. Por ejemplo, ¿cómo demostrar que la empresa no ha pagado las vacaciones no disfrutadas de un trabajador? Si no existe calendario vacacional firmado por el trabajador, ni tampoco existe una transferencia bancaria o un recibo firmado, no hay ningún medio de prueba que permita demostrar que el trabajador efectivamente no ha disfrutado las vacaciones. La empresa podría oponerse a una demanda de ese tipo afirmando "el trabajador sí que ha disfrutado las vacaciones y no me corresponde a mi probar que lo ha hecho".

Si nos vamos al art. 217 de la LEC reza lo siguiente:
Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.


Esta descripción parece encajar perfectamente con las necesidades de los trabajadores que se enfrentan a las conocidas difficilioris probationis y que por ende, tienen muy complicado demostrar la veracidad de sus afirmaciones, como en el citado caso de las vacaciones no disfrutadas.


Por citar un ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares aplicó dicho artículo en su sentencia 144/2012, y también precisamente en un caso de vacaciones no disfrutadas:
“…al no haberse alegado ni probado por la empresa, como le correspondía en recta aplicación del art. 217 LEC, que el demandante disfrutó de los cinco días de vacaciones a que se refiere el art 45 del convenio es procedente aceptar en este punto la pretensión del demandante, por lo que a razón de 162,81 €/día, corresponde al demandante percibir la cantidad de 814,05 €.”

Por ello, los escollos procesales no deben impedir que el trabajador consiga justicia, y en ese sentido, el hábil y avispado abogado advertirá de la 'opción' de invertir la carga de la prueba.

Recuerda que si tienes un problema laboral, puedes realizar tus consultas personales utilizando el formulario de consultas.

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