miércoles, 14 de mayo de 2014

La ejecución de la sentencia laboral y las subastas judiciales

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De poco serviría acudir a la Justicia a obtener el reconocimiento de los juzgados y tribunales, si tras una sentencia favorable, la otra parte (como hablamos de trabajo, pongamos la empresa, Fogasa, o quien corresponda), se niega a cumplir la condena impuesta, o en otros términos, no cumple voluntariamente con la sentencia. Si no fuese posible obligar al condenado a cumplir con la sentencia, no sería posible obtener la "tutela judicial efectiva" art. 24 Constitución Española, y por tanto, para estos casos se prevé la ejecución.


¿Cómo iniciar el proceso de ejecución?
La ejecución no se obtiene de oficio, hay que acudir al Juzgado, en concreto al Juzgado que conoció el caso. Esa es la función que tiene el juez durante el proceso "juzgar y ejecutar lo juzgado".

Los causahabientes también pueden iniciar el proceso de ejecución, es decir, sus herederos. Por ejemplo, en caso de accidente laboral que terminase con resultado de muerte, todos los derechos del trabajador fallecido pasarían a sus herederos.

Incluso un tercero con un interés legítimo podrían iniciar el proceso de ejecución, si por ejemplo, el trabajador que según la sentencia tiene que cobrar una deuda, tiene a su vez, otra deuda con una persona distinta, ésta puede iniciar la ejecución de la sentencia del trabajador.

¿Qué pasa si hay concurso de acreedores?
Normalmente, si el empresario no paga al trabajador la cantidad por la cual ha sido condenado, es por insolvencia empresarial. En estos casos hay que distinguir si existe o no concurso de acreedores (el procedimiento donde todos los acreedores del empresario concurren para organizar el cobro de sus deudas). Si existe concurso no se puede ejecutar la sentencia, hay que entrar en el concurso. Incluso si al declararse el concurso la ejecución estaba tramitándose, ésta se suspende.

Así pues, descartado el concurso, si el empresario no quiere pagar la condena voluntariamente, ya sea por falta de liquidez, o por mala leche, se procede a la ejecución, que se lleva a cabo especialmente mediante el embargo de los bienes.


Embargo de bienes y subasta pública
Cuando se pueden embargar cuentas bancarias o otras fuentes de dinero, satisfacer al trabajador resulta sencillo. Más complicado es, sin embargo, cuando lo embargo son bienes muebles o inmuebles, que deben ser transformados en dinero, lo cual se suele hacer mediante una subasta judicial (aunque también puede hacerse ante fedatario público).

A la subasta pública de los bienes del deudor, podrá concurrir cualquier persona. Se transmite el bien al mejor postor, es decir, a quien paga por él una cantidad mayor. El esquema es el siguiente:

  • Subasta de bienes muebles: Puede hacerse por lotes. Puede tomar parte cualquier persona, depositando del 20% del valor de tasación. Se abre la subasta, el precio mínimo de venta es del 50% del valor de tasación. 
    • Si no se consigue ese precio de venta se abre un plazo de diez días donde el ejecutado puede presentar a un tercero que mejore el precio de venta o siendo inferior al 50%, cubra las necesidades del acreedor.
    • Siguiente paso. El acreedor puede solicitar que se le adjudiquen los bienes por el 50% del valor de la tasación.
    • Trascurridos 10 días, sin solucionarse, se acepta al mejor postor que pague el 30% del valor de tasación, o una cantidad inferior, pero suficiente para cubrir las obligaciones del deudor.
    • Si no hay postor que ofrezca dicha cantidad, la subasta se declara desierta. A partir de ese momento, los ejecutantes tienen derecho a adjudicarse los bienes por un valor del 25% del avalúo.
    • Si no hacen uso de esa posibilidad se alzará el embargo.
  • Subasta de bienes inmuebles: Es lo mismo que lo anterior, pero el depósito de los participantes asciende a la cantidad del 30% del valor de tasación del los bienes. Si el mejor postor ofrece una cifra superior al 70% se le adjudica el bien mediante auto. De lo contario (lo mismo que antes, pero la cantidad es 70% del avalúo, y en las fases posteriores en lugar del 30% es el 50%).
    • Si no hay postor, el ejecutante puede adjudicarse los bienes por el valor de 25% de la tasación, o bien se alzará el embargo.

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