miércoles, 7 de mayo de 2014

Acoso laboral en la Administración Pública

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Bomberos, maestros, administrativos, enfermeros, policías..., los funcionarios públicos, como todo trabajador, también pueden ser objeto de situaciones acoso laboral en los mismos términos que los trabajadores de la empresa privada, salvo que ellos, gozan de otros procedimientos para reaccionar frente al acoso, en concreto disponen de tres cauces para solicitar la tutela de sus derechos fundamentales.

Sus derechos no se regulan por las mismas leyes, sino que se regulan por las leyes administrativas: LJCA y LRJA-PAC, además de otros Reales Decretos que las desarrollan.

Procedimientos rápidos
Dicho esto, en primer lugar, los funcionaros pueden acudir al procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales (arts. 114 y ss LJCA) que al igual que en el ámbito laboral, tiene las características de preferencia y sumariedad, es decir, con el objetivo de solventar el acoso de la forma más rápida posible, se acortan los plazos y se tramitan los procesos judiciales de acoso con preferencia sobre el resto.

También pueden reclamar a través de un procedimiento abreviado en materia de asuntos de personal, contemplado en el art. 78 LJCA. Por este procedimiento se pueden tramitar todas las cuestiones de personal que no superen los 13.000 €. Es rápido y abreviado, por lo cual, el tiempo de espera será mucho menor que en el resto de procesos judiciales.

Indemnización
Por último, pueden utilizar un procedimiento muy socorrido, reclamar una indemnización civil a la Administración por los daños sufridos debido al acoso, que en términos legales se entiende como 'funcionamiento anormal de la Administración Pública', es la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública (arts. 139 y ss LRJA-PAC). En este procedimiento la responsabilidad es objetiva, por lo cual no hace falta probar la negligencia de la Administración, sino que basta con probar el daño sufrido y su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio.

¿Qué medidas se pueden tomar contra el funcionario responsable del acoso?
El nuevo Estauto Básico del Empleado Público (EBEP) recoge entre los deberes del empleado público, el de respeto a los derechos fundamentales y el de evitar toda actuación que pueda producir discriminación (art. 35). Además, entre los principios de conducta por los que debe regirse el funcionario en el ejercicio de su labor se contempla el tratar con atención y respeto a los ciudadanos y restantes empleados públicos.

En coherencia con la imposición de estos deberes, se tipifica como infracción muy grave el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

En el apartado o) del mismo artículo se reitera, que el acoso laboral es una infracción muy grave. Por lo tanto, frente al funcionario sujeto activo del acoso, la Administración podrá abrir un expediente disciplinario e imponer alguna de las sanciones previstas en el art. 96 EBEP, entre ellas, la retirada del servicio.


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