viernes, 10 de enero de 2014

Empleo sumergido; trabajar "en negro"

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Toda relación laboral en la que no medie un familiar, amigo o padrino, tiene su origen en una oferta de empleo. Lo deseable es que las ofertas de empleo recojan las condiciones laborales y salariales ajustadas a la legislación vigente, pero en la práctica actual están en el orden del día el empleo sumergido sin afiliación inicial o alta en la Seguridad Social.

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España es el país del Sur de Europa con mayor economía sumergida, hasta alcanzar el 28% del PIB en 2013 y también presenta el mayor fraude fiscal, hasta el 8% del PIB, según un estudio presentado por el catedrático de Economía Aplicada, Santos Ruesga.

De hecho, tanto es así, que en los últimos años se montado un sistema de doble vara contra el fraude a la Seguridad Social; se han incrementado las sanciones administrativas, y se han establecido penas de cárcel para los defraudadores de la Seguridad Social. A fecha de hoy no es una buena idea fanfarronear de tener trabajadores sin contrato o estar trabajando en negro y cobrando el paro simultáneamente.

En mayo de 2011 se aprobó un Real Decreto-ley que otorgaba un periodo voluntario de tres meses a los empresarios que empleasen a trabajadores de forma irregular para sanear su situación sin sanciones ni mayores consecuencias. Durante este “periodo de gracia” el Ejecutivo se comprometió a mirar hacia otro lado mientras los empresarios regularizaban con la Seguridad Social la situación de sus trabajadores, amenazándolos con sanciones mayores si no cumplían.

Actualmente, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social prevé multas que pueden oscilar, dependiendo de la infracción, entre los 626 euros y los 187.515 euros, además de la perdida de ayudas, bonificaciones y otros beneficios durante un plazo de hasta dos años.

La cosa no termina aquí, las sanciones administrativas parecían insuficientes para terminar con el fraude a la Seguridad Social, y en enero de 2013 se aprobó una reforma del Código Penal que castigaba con penas de prisión tanto a empresarios como a trabajadores que defraudasen a la Seguridad Social, siempre dependiendo de la gravedad y las circunstancias.

Esto es una huida al Derecho Penal, puesto que la Ley de Infracciones y Sanciones regula estas mismas prácticas de fraude, con sanciones administrativas, y no penales.

Las penas recogidas para los fraudes menos graves oscilan entre los 6 meses a los 3 años de prisión.

Las penas más graves que contempla esta reforma, de 2 a 6 años de prisión, están reservadas para los casos más graves, cuando el fraude supera los 50.000 euros, como ocurre por ejemplo con “empresas fantasma” sin actividad real, que simulan relaciones laborales con el propósito de que los trabajadores obtengan posteriormente prestaciones públicas por desempleo.

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