miércoles, 27 de noviembre de 2013

Empleo público y funcionarios de carrera

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El empleo público se sitúa a niveles de 2008. Hacienda actualizó su registro de personal al servicio de las administraciones públicas, que determina el número de trabajadores que tienen en sus plantillas, 2,54 millones de empleados públicos, lo que refleja una rebaja de 88.461 empleados en un año y un ajuste del 3,4% en términos relativos (datos de julio de 2013). De este total 1,62 millones son funcionarios de carrera, de los cuales hablaremos en este artículo.

En una economía de libre mercado, revestida con un mercado de trabajo deprimido -como lo está el nuestro-, y si encima tenemos en cuenta el aumento de la presión fiscal para reducir el déficit y la alta tasa de desempleo en el sector privado; parece que los funcionarios estorban más de la cuenta, -después de todo y visto lo visto-.

En el empleo público tenemos diversas categorías de trabajadores: el funcionario de carrera, el personal laboral, el funcionario interino, el personal directivo y el personal eventual.

En el caso de los funcionarios de carrera, los privilegios respecto al resto de trabajadores por cuenta ajena son numerosos. Además, el cumplimiento de los derechos y garantías laborales, siempre resulta más sencillo, al tratar con la Administración Pública como empleadora. Se accede al funcionariado superando una oposición o concurso-oposición, y ello da derecho a la entrada a un determinado Grupo o Cuerpo, con plaza inamovible. 

El funcionario goza de derechos laborales similares a los de cualquier trabajador por cuenta ajena (aun con particularidades), pero además, también posee un conjunto de derechos funcionales como consecuencia de su especial situación dentro de la burocracia administrativa pública


Cabe destacar:
  • Derecho a la inamovilidad de la condición de funcionario de carrera, que exige una justificación objetiva para una eventual destitución.
  • Derecho a desempeñar las funciones propias de la condición profesional ostentada, debiendo ser asignadas tareas coherentes con la posición y preparación del funcionario.
  • Derecho a la promoción interna acorde al mérito y la capacidad,
  • Derecho a ser informado de las tareas a realizar,
  • Derecho a colaborar en la consecución de los objetivos de su unidad administrativa,
  • Derecho a la defensa jurídica de la Administración en los procedimientos surgidos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.

La inamovilidad en el desempeño de su empleo, para quien accede a funcionario, se pierde solo cuando se cometen las infracciones previstas en el régimen disciplinario o los delitos del Código Penal. Esta inamovilidad en el empleo es un privilegio personal, que además garantiza que los funcionarios ejerzan sus tareas con imparcialidad y objetividad, es decir, en una posición de neutral al margen de los cambios políticos tras las elecciones. O dicho en otras palabras, sin miedo a ser despedidos y destituidos por el Gobierno entrante.

Esta garantía debe contrastarse con la falta de interés y de productividad de algunos funcionarios al ver que su trabajo está garantizado. De hecho, los funcionarios siempre han estado rodeados del polémico mito del "absentismo" laboral. En este sentido, el Gobierno de Rajoy aprobó una reducción salarial para aquellos funcionarios de baja por contingencias comunes.





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