jueves, 31 de enero de 2013

Consecuencias del acoso laboral

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España, como viene siendo habitual, se sitúa a la cola en avances de todo tipo; también jurídicos. El mobbing no fue tipificado como delito penal contra la integridad moral hasta 2010 -(LO 5/2010, de 22 de julio)-, después de miles de denuncias que acababan archivadas por falta de instrumentos legislativos para incriminar a los autores.

Art. 173 CP. "Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima."

La medida va dirigida a impedir que el empresario o cualquier persona vinculada con la empresa, base la relación laboral con sus trabajadores en una constante de presión, trato vejatorio, abusos, gritos, menosprecios, humillaciones, menoscabos, agravios, etc., y que en virtud del anterior artículo, con las agravantes de habitualidad y superioridad, podrá ser castigado con una pena de 6 meses a 2 años de prisión, con indemnización por los daños ocasionados al trabajador.

Al margen de esto, la Legislación laboral también recoge otros vías de reacción contra el acoso laboral.

La demanda por acoso, será por la modalidad de tutela de derechos fundamentales, a la cual podremos enlazar una pretensión recogida en el art. 50.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que nos permite solicitar la extinción laboral por voluntad del trabajador, sin renunciar por ello a la indemnización, ni a la prestación por desempleo, dado que el acoso es un incumplimiento muy grave e imputable al empresario.

Las condenas por acoso laboral, pueden llevar aparejadas indemnizaciones considerablemente altas, medidas por el daño infringido al trabajador, pero que aún así, no consiguen compensarle por los daños sufridos a manos de sus agresores.

Normalmente el trabajador acosado no quiere seguir trabajando en la empresa, por lo cual en una demanda por hostigamiento o mobbing, se pretende también la extinción laboral, y en caso de llegar a una sentencia condenatoria para el mobber, el trabajador obtendrá, una indemnización por los daños ocasionados (normalmente morales), una indemnización por la extinción del contrato de trabajo que será de 45 días por año trabajado (hasta 12 de febrero de 2012) y 33 días por año trabajado (a partir de 12 de febrero de 2012).

Es muy frecuente que el trabajador suela permanecer un periodo en situación de incapacidad temporal por el mobbing padecido, que suele conllevar cuadros de ansiedad o depresión, o bien trastornos mixtos ansioso-depresivos. En ese caso en la sentencia podrá versar una condena contra la empresa para el recargo de las prestaciones que hubiera satisfecho la Seguridad Social.

¿Cuál es la realidad en nuestro país?
Los Tribunales de justicia españoles aceptan una media del 45% de las demandas judiciales interpuestas por acoso psicológico en el trabajo o mobbing, según un informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. 

El resto de demandas no son constitutivas de delito, pero no es óbice que pueda conllevar la extinción laboral por no respetarse las condiciones laborales, los derechos laborales del trabajador o las medidas de prevención de riesgo que obligan al empresario a vigilar, prevenir e intervenir en caso de acoso laboral.


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